Nuevas responsabilidades de los intendentes sanjuaninos

Foto: Diario de Cuyo

En San Juan las responsabilidades de los Intendentes hasta hace pocos meses versaban en lo estipulado en la Constitución Provincial, Cartas Orgánicas de los Municipios de Primera Categoría y la Ley Orgánica de Municipios para los de Segunda y Tercer Categorías.

Las redes sociales de funcionarios y gestiones municipales posibilitan una mayor cercanía entre los Intendentes y sus comunidades, si bien hay algunos que creen que sólo estos medios bastan. Cercanía que representa también un peligro latente, una molotov en la mano de los ciudadanos.

Esta molotov contiene un alto grado de apatía política, fomentada por años de neoliberalismo, individualismo egocéntrico (distinto al individualismo ético del Liberalismo),  desprestigio de las Instituciones Públicas, corrupción, desorganización y desmovilización del movimiento obrero, entre otros factores.

Otros elementos son el relativismo cultural, manifestado por la falta de respeto a las autoridades y jerarquías; una pobre cultura política, que incluye el desconocimiento popular del rol de las ideologías en la vida cotidiana debido a la difusión política y mediática de las consecuencias de la tesis de Francis Fukuyama sobre el Fin de la Historia (el agotamiento de las teorías alternativas al paradigma neoliberal) y la erección del monetarismo como escuela económica predominante, que considera, por ejemplo, como fundamental causa de la inflación la emisión monetaria y su solución: el ajuste. Finalmente, el desconocimiento de los roles de los poderes del Estado y los niveles Nacional, Provincial y Municipal.

El último componente es la economía: dificultades que son percibidas por millones de argentinos cada vez que van al supermercado o pagan un servicio.

 

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La molotov estallará cuando ante el cúmulo de necesidades insatisfechas, la ciudadanía no distinga responsabilidades, ya que “todos los políticos son iguales” y se vuelque a exigir respuestas en el marco de una situación socioeconómica desesperante, con más de 100.000 nuevos desempleados en los últimos 6 meses (ARTs), una inflación prevista en 43% (Artemio López) y un tipo de cambio de estabilidad en torno a los $16 (Cavallo). Y eso es el comienzo: las consecuencias se verán en el próximo semestre y 2017, cuando la pérdida actual del consumo afecte aún más el comercio y la producción, agravando el desempleo, y la pobreza.

 

cavallo.com.ar

El ciudadano promedio no reconocerá jerarquías, división de poderes ni niveles estaduales. Al primero que irá a buscar será a su Intendente, aunque no tenga nada que ver ni cuente con herramientas para solucionar sus problemas, quien no podrá argüir “no es de mi competencia”: las necesidades no entienden de razones. Lo hemos visto recientemente en Calingasta con las manifestaciones de trabajadores mineros en la puerta del municipio.

Así las cosas, los Intendentes tendrán que fortalecer su capacidad comunicativa ya que la comunidad requerirá una voz que brinde respuestas, y las únicas que podrán brindar serán simbólicas, que son las que actualmente están faltando en la era M, al igual que en el kirchnerismo.

Fuentes:

http://www.perfil.com/columnistas/Megadevaluacion-y-salarios-20160109-0014.html

http://www.cavallo.com.ar/a-que-paridad-puede-llegar-a-estabilizarse-el-tipo-de-cambio/

http://www.perfil.com/columnistas/Cinco-meses-del-gobierno-PRO-20160513-0067.html

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¿Quiénes son los responsables del delito juvenil en San Juan?



Fotos: Telam - San Juan 8

Al igual que en abril del año pasado, una mezcla de pena y bronca embarga a los sanjuaninos al conocer otro caso de un delito cometido por menores de edad. Como expliqué en mi anterior artículo: Niños y adolescentes que delinquen ¿Qué hacer? Necesidad de un régimen penal juvenil sanjuanino, existen modalidades provechosas de atención de esta problemática que no se cumplen en nuestra Provincia. Esta vez, analizaremos las responsabilidades de distintos sectores de la sociedad sanjuanina en el delito juvenil.

Rol de la Familia

La pérdida de autoridad de los padres, la carencia de límites, la falta de contención y en suma, de amor hacia los hijos, genera un sentimiento de que “todo se puede” y que libertad es “hacer lo que quiera” (cuando D’Elía decía que a la sociedad le falta amor, tenía razón). Esto es transversal a todos los sectores socioeconómicos: Recordemos el caso de la agresión a Florencia Merino en el Colegio Dante Alighieri o la vejación de la estudiante en Santa Lucía el año pasado, casos que quedaron impunes totalmente. El pensar, fruto de la actual concepción materialista posesiva de la vida, que el amor se manifiesta en los bienes materiales que les brindo a mis hijos, que hace que los padres estén fuera de la casa el mayor tiempo posible dedicados a hacer dinero, siendo sus hijos criados por niñeras y empleadas domésticas, en el mejor de los casos, o por los amigos y la calle. La obesidad infantil, cada vez mayor, las adicciones, la falta de actividad física y la disciplina que impone el deporte, son ejemplos de una cultura laxa que a la larga tiene sus consecuencias.

“Yo crío a mis hijos como quiero”, cuántas veces hemos escuchado lo mismo. Y es un gran error: los hijos no son propiedad de uno, son, al estilo de la comunidad de hijos planteada por Platón y explicada por Aristóteles, producto de la sociedad: reciben de la sociedad formación y vuelcan a ella, a su vez, la formación recibida. De allí la gran responsabilidad de los padres de los hijos que entregan a la sociedad.

Rol de la Comunidad

Nuestra cultura nacional tiene un gran componente centrífugo: la culpa la tiene el otro: el gobierno, el inmigrante, el negro, el pobre, el delincuente, etc. ¿Pero la inacción y la indiferencia acaso no son acciones tan agresivas como una bofetada? Hace tiempo, Bertol Brech (1898-1956), cuando se refería al caso del analfabeto político, decía:

El peor analfabeto

es el analfabeto político.

No oye, no habla,

ni participa en los acontecimientos políticos.

No sabe que el costo de la vida,

el precio del pan, del pescado, de la harina,

del alquiler, de los zapatos o las medicinas

dependen de las decisiones políticas.

El analfabeto político

es tan burro, que se enorgullece

e hincha el pecho diciendo

que odia la política.

No sabe, el imbécil, que,

de su ignorancia política

nace la prostituta,

el menor abandonado,

y el peor de todos los bandidos,

que es el político trapacero,

granuja, corrupto y servil

de las empresas nacionales

y multinacionales.

Claro que sí. El rol de nosotros, los ciudadanos que criamos a nuestros hijos “bien”, es fundamental. Qué hacemos con las injusticias sociales, con la pobreza, con la impunidad, con el bulling que sufre aquel niño? Qué hacemos por los niños que venden estampitas en la noche, por los padres de esos niños que sufren explotación laboral? ¿Evadiendo mis impuestos, colaboro en todo esto? Pensemos, todos somos, en algún grado, responsables de la marginalidad del otro.

Rol del Estado

Es poco lo que el Ministro Adrián Cuevas puede llegar a hacer en este caso. Bastante tiene con conducir la Seguridad de la Provincia, elaborar estrategias de prevención y abordaje del delito y conducir una fuerza policial donde conviven corruptos y buenos policías, falencias e injusticias en la Fuerza, problemas de distinto tipo. Es la Policía de San Juan, dependiente del Ministerio de Gobierno, quienes deben liberar, por orden judicial, al mismo menor que atraparon y que horas antes puso un rifle en la cabeza de una anciana. Ni imaginar la pérdida de autoridad y sensación de impunidad.

Educación: La moda de hoy es que los niños deben venir educados de casa y que la escuela no es formadora de valores. Parcialmente cierto. Pero la institución educativa siempre fue formadora de valores, de premios y castigos, como lo es la vida misma. Pero que puede salir de un sistema donde la mentira está generalizada, desde la cantidad de alumnos en cada curso, pasando por la exigencia de aprobar a alumnos con ausentismo o que no alcanzaron las metas mínimas. Qué alumnos podemos tener si hay docentes que no indagan ni profundizan en lo que leen o que exigen respeto a sus alumnos, pero incluso delante de ellos le faltan el respeto a la Presidenta, en su rol de mujer y de Jefa de Estado?

Desarrollo Humano: Qué sucede cuando los responsables de establecer las políticas sociales se dedican al marketing y a esperar que una inundación de verano sirva de show político en un año electoral? Cuando no existen políticas eficaces de contención social, no existen centros de alojamiento para jóvenes en conflicto con la ley penal, ni siquiera para drogadependientes? Cuando el Ministro de la Política Social está enfrentado a intendentes electos por el Pueblo y del mismo espacio político y donde los únicos rehenes son los habitantes de dichos departamentos? Cuando existe un Ministerio macrocéfalo y desbordado y Municipios que carecen de recursos para atender la problemática social que día a día golpea la puerta de la Intendencia. Cuando el maltrato y persecución a empleados ya es moneda corriente o la corrupción y los regalos a novios y novias vía proveedores es de por sí escandaloso? Qué se puede esperar?

Recordemos y tengámoslo en cuenta: Argentina es un país destruido socialmente. La pobreza estructural que instaló la última dictadura y que profundizó el menemismo dejaron un país socialmente fragmentado, dividido, más desigual que antes. No sólo necesitamos Ingenieros, como la frase oficial, necesitamos Trabajadores Sociales, ejércitos de ellos en las calles sanjuaninas atendiendo las necesidades de niños, jóvenes y familias. Sí, esos mismos profesionales que egresan de la UNSJ y que a lo sumo, cuentan con paupérrimos salarios.

Hace más de 60 años, el General Juan Domingo Perón planteó, desde su obra “La Comunidad Organizada” un modelo de atención de las necesidades sociales: familia, barrio, departamento, provincia. Considero que el actual modelo de políticas sociales provincial está agotado. No contiene, no previene, no resuelve. Hay que revisar y cambiar.

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Sobre los sueldos de los presos

Mucho se ha dicho en las últimas dos semanas sobre lo que percibe un detenido recluido en las cárceles argentinas. Tanto ha sido la vorágine mediática, especialmente por las redes sociales, que se ha eclipsado justamente otra noticia sobre de los ingresos de los delincuentes: las casi 4000 cuentas de argentinos en Suiza que evadían impuestos al Estado Nacional.

La única verdad es la realidad, decía el General Perón. Lo cierto es que la verdad está ahí, al alcance de uno a veces, si se propone alcanzarla. Está en la Ley Nacional 24.660. Recordemos, nuestro país es un Estado Federal (un poco unitarizado, eso sí), donde las Leyes Nacionales se aplican a las instituciones nacionales, en este caso, al Servicio Penitenciario Nacional. Las provincias pueden adherir o no a las Leyes Nacionales o elaborar sus propias leyes en alguna de las materias permitidas por la Constitución Nacional.

La Ley 24.660, en su capítulo séptimo contempla todo lo conducente al trabajo de los internos de las unidades penales. Esta ley de 1996 da forma a lo establecido en el art. 18 de la CN, donde se establece que “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…”

El capítulo séptimo de dicha ley establece que el trabajo para los internos es un derecho y un deber. No será denigrante ni forzado; propenderá a la formación y mejoramiento de hábitos; procurarán su capacitación para desempeñarse en la vida libre; deberá ser remunerado y se respetará la legislación laboral y de seguridad social vigente. Si bien es obligatorio, no se lo forzará a hacerlo si se niega, aunque incidirá en su concepto. Podrán trabajar en empresas mixtas o privadas.

Es importante entender el rol de la remuneración. El art. 120 establece que si los bienes o servicios producidos se destinan al Estado o entidades sin fines de lucro, el salario no será inferior a tres cuartas partes del salario mínimo vital y móvil ($4.440 a dic/14). Si está empleado en empresas privadas o mixtas, percibirá lo que corresponda a una persona libre en la categoría en la que se desempeñe. Además, de lo percibido, el 10% será utilizado para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito; el 35% para la prestación de alimentos; el 25% para los gastos de reclusión y el 30% depositados en una cuenta bancaria a su salida.

En San Juan

En la provincia, los asuntos carcelarios están estipulados en el art. 39 de la Constitución Provincial, donde se afirma que “Las cárceles de la Provincia deben ser sanas, limpias para seguridad y rehabilitación…”.

Conclusiones

Lógicamente gran parte de la sociedad desconoce que los internos perciben un sueldo y menos que lo hacen en función de su trabajo. Mucho menos que una parte de sus ingresos lo destinan a reparar el daño causado y a su mantenimiento en el Establecimiento Penitenciario. A todas luces, esto es bastante positivo, teniendo en cuenta, en primer lugar, que el trabajo es una gran herramienta formadora de valores, de disciplina y responsabilidad. Recordemos también, que en el sistema actual de antecedentes penales, aquella persona que cumplió su pena y quiere reinsertarse laboralmente, es dejado de lado cuando entre los requisitos se solicita el célebre “certificado de antecedentes penales”, como si la ausencia de ellos fuera sinónimo de honestidad y rectitud.

Considero que el empleo carcelario debe ser más promovido, así como la educación y la capacitación de los internos, aspectos que también se encuentran en la Ley 24.660, de manera que las cárceles no sean escuelas de formación avanzada de delincuentes sino realmente, centros de rehabilitación social.

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Niños y adolescentes que delinquen ¿Qué hacer? Necesidad de un régimen penal juvenil sanjuanino

Foto: Ismael Villafranco

Las voces que propugnan la defensa de los derechos de niños y jóvenes se alzan contra cualquier intento de bajar la edad de imputabilidad a los menores de edad o elaborar un régimen penal especial. Esto en la práctica habla de un progresismo de papel, donde las políticas que se propalan e incluso, que se legislan, poco tienen que ver con la realidad al ser inaplicables.

Frente a este tema tenemos dos grandes problemas: Hasta ahora no se ha logrado en nuestro país una solución concreta a la delincuencia juvenil, que según estudios llega al 15% del total de delitos del país y existe un abandono de los derechos superiores del niño y adolescente al no existir un entramado legal y de gestión que los contenga, proteja su vida y permita una reinserción social.

El caso paradigmático es el del niño sanjuanino de 11 años que con 6 entradas a la comisaría por delitos contra la propiedad, fue hace poco víctima de un intento de linchamiento. Esto pone en alerta la necesidad de repensar las políticas de niñez y adolescencia.

¿Bajar la edad de Imputabilidad o un régimen penal juvenil?

Generalmente suele existir una confusión en los legos del derecho sobre este tema. Bajar de la edad de imputabilidad simplemente sería crear una ley nacional que establezca que todos los menores de 18 años sean pasibles de sanción penal. Ello llevaría a que niños y adolescentes en conflicto con la ley compartan las cárceles con adultos, lo que conlleva otros problemas, lógicamente.

Crear un régimen penal juvenil sería, en cambio, formar una estructura legal especial para atender a los niños y jóvenes en conflicto con la ley. Representa una cosmovisión totalmente distinta a la de la baja de la edad de imputabilidad. En este sistema, la privación de la libertad es el último recurso del que dispone la justicia, privilegiando las medidas de reparación del daño causado, tareas sociocomunitarias, competencia que corresponde a las provincias.

Dictadura vs democracia

Los progresistas de papel que se oponen a cualquiera de estas medidas sostienen (sin saberlo) la defensa del decreto-ley 22.278 de la última dictadura militar. El decreto-ley establece que los menores de 16 años no pueden ser penados, a excepción de que el juez declare el riesgo moral o material del niño o adolescente. En la práctica esto representa una gigantesca injusticia: un menor que delinque, si es pobre (riesgo material y “moral”), puede ser recluido, distinto al caso de un menor de mejor posición económica.

Los jóvenes entre 16 y 18 años sí son punibles. A ellos les aplica las mismas penas que a un adulto, aunque debieran cumplirlas en instituciones especializadas para ello. Esto presenta dos dificultades: primero, que a los jóvenes se los pena de igual manera que a un adulto, contraponiéndose con los medios alternativos (y de paso, más eficaces) que plantea la Convención de los Derechos del Niño. La segunda, que la ejecución de las penas depende de cada estado federal, por lo que en cada provincia varía el abordaje penal juvenil y las condiciones de detención.

La Convención sobre los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional. La misma establece la posibilidad, pero como última instancia, de la reclusión de niños y adolescentes, con las garantías del debido proceso judicial (derecho a ser oído, a ser juzgado por un órgano judicial imparcial en un tiempo razonable, derecho de defensa, a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo, a no ser sometido a proceso más de una vez por los mismos hechos, entre otras garantías procesales).

Un ejemplo

La provincia de Buenos Aires dispone, desde 2007, de un Régimen Penal Juvenil, la ley provincial 13.634 y modificatorias. La norma crea el Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, entendido como el Ministerio Público del Joven, compuesto por Fiscales y Defensores Oficiales, que intervienen en todas las etapas del proceso: el Fiscal encarando la investigación y suma de pruebas para la acusación y el Defensor. Además crea los Juzgados de Garantías del Joven, que llevan adelante el control de la investigación preliminar y es responsable de las medidas que se tomen con respecto al joven durante el proceso; también el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, que resuelve la aplicación de medidas, salvo delitos graves en que toma intervención el Tribunal de Responsabilidad Penal.

La ley PBA 13.634 define también al Ministerio de Desarrollo Social como la contraparte del Poder Ejecutivo encargada de formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y medidas destinadas a prevenir el delito juvenil, asegurando los derechos y garantías de los jóvenes infractores a la ley penal, además de generar ámbitos para la ejecución de medidas socioeducativas que, centradas en la responsabilidad del joven infractor, posibiliten su real inserción en su comunidad de origen.

En la Provincia de Buenos aires hay actualmente alojados unos 450 jóvenes privados de la libertad por transgresiones a la ley penal, 110 en régimen de semilibertad o abiertas y 2200 con medidas socioeducativas alternativas a la privación a la libertad. (Fuente: Gobierno de la provincia de Buenos Aires).

Un intento

En 2009, el Senado Nacional dio media sanción a un proyecto de ley presentado por los senadores Miguel Ángel Pichetto, Gerardo Morales, Marita Perceval y Rubén Giustiniani. Este proyecto establecía la responsabilidad de las personas menores de 18 años de edad y mayores de 14 años al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito de acción pública en el Código Penal. De acuerdo con la Convención por los Derechos del Niño, la propuesta determinaba que se garantizaran los derechos y principios que protegen a los menores y que la privación de la libertad sea la excepción y el último recurso. También hace hincapié en medios alternativos de solución del conflicto, como la mediación penal y la conciliación.

Algunos puntos del proyecto:

•           Es penalmente responsable la persona de catorce (14) o quince (15) años de edad que cometa un delito doloso con pena mínima de 3 años o más de prisión o reclusión

•           Es penalmente responsable la persona de dieciséis (16) o diecisiete (17) años de edad que cometa un delito con pena mínima de 2 años o más de prisión o reclusión

•           Se privilegiará la permanencia de la persona menor de dieciocho (18) años dentro de su grupo familiar

•           Los padres o responsables de las personas menores de dieciocho (18) años, no mediando oposición de ésta, tienen derecho a participar en todo momento de las actuaciones.

•           Deberá intervenir en apoyo del magistrado un equipo interdisciplinario que lo asistirá durante todo el proceso

•           Durante el proceso penal la libertad de la persona menor de dieciocho (18) años es la regla.

•           En ningún caso la persona menor de dieciocho (18) años será incomunicada o alojada en dependencias policiales, penitenciarias o de las fuerzas de seguridad

•           En caso de que la medida sea la privación de libertad, se hará en un centro especializado

•           Los centros especializados serán de gestión pública y deben contar con un grupo interdisciplinario de profesionales especializados, adecuadas medidas de seguridad y espacios acondicionados que permitan la recepción de visitas.

•           La dirección de estos centros será desempeñada por personal especializado y capacitado. En ningún caso podrá estar a cargo de personal policial, penitenciario o de las fuerzas de seguridad. (Fuente: Diario La Nación 11/11/13)

Necesidad de actuar

Es hora de superar cuestiones retóricas que no nos llevan a ningún lado. Es necesario brindar a los ciudadanos de la provincia de San Juan nuevas herramientas para la protección de niños y adolescentes en conflicto con la ley, de manera de lograr su reinserción social y también brindar justicia a la población que ve cada vez con peores ojos que niños y jóvenes entren por la puerta de la comisaría y vuelvan a salir, sin que nada suceda.

De seguir el camino de la inacción como hasta ahora, estamos retornando al estado de naturaleza de Hobbes, donde el hombre es el lobo del hombre y el valor de la vida es igual a cero. Los linchamientos son ejemplo de ello.

No podemos esperar que ciudadanos tomen justicia por mano propia y linchen a niños y adolescentes por cometer un delito. La sociedad sanjuanina necesita una respuesta pronta de manera de lograr una sana convivencia en base a la justicia.

Durante estos últimos 11 años se han brindado múltiples herramientas para la promoción social de familias vulnerables socioeconómicamente: planes sociales, becas, viviendas, etc. A diferencia de los planteos pseudoprogresistas, el delito juvenil no se combate tan sólo con medidas de inclusión: estas ya hace años que están y funcionan bastante bien. Sin embargo, el delito no ha disminuido, debemos complementar estas acciones con otras medidas concretas. Para comenzar el debate.

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De las causas de la muerte, la exclusión y la xenofobia

En torno a los enfrentamientos del Parque Indoamericano

Desde los medios masivos de comunicación contemplamos nuevamente otro conflicto entre habitantes del mismo pueblo, algunos argentinos, otros inmigrantes, todos latinoamericanos. Por supuesto que todo esto genera un hecho político que es aprovechado, según la conveniencia, para beneficiar o desprestigiar a uno u otro sector político.

Pero por supuesto, no he visto en esos mismos medios que se discuta sobre las causas del problema, sino como siempre, sobre los efectos, igualmente graves, tales como la muerte, la exclusión, la explotación, la xenofobia. Y no es azarosa esta evasión de la discusión.

Más allá de posiciones ideológicas, el sistema económico imperante en el país y en Latinoamérica es el principal responsable de las 4 muertes, los cientos de heridos y el sufrimiento de mucha gente que reclama que el derecho a la vivienda digna sea material y no solo formal.

Contamos con un sistema económico-político, basado en la explotación del hombre por el hombre, en la apropiación injusta y concentrada de la riqueza, en el ejercicio del poder (económico) de los fuertes sobre los muchos débiles. La conformación de una mafia legal financiera-rentística, que eleva por las nubes el valor de los inmuebles, tanto para la compra como para el alquiler, haciendo muy difícil la vida para muchos habitantes, incluso para quienes son profesionales o autónomos, aunque muchos no lo admitan.

Un sistema injusto que impide que tanto los inmigrantes de otros pueblos hermanos, como los propios argentinos que desde el período de los “cabecitas negras” llegaban a las ciudades importantes conformando los “cinturones de pobreza” que todas las ciudades argentinas y latinoamericanas tienen o han tenido (San Juan obviamente incluida).

El odio al extranjero o xenofobia, fruto de la ignorancia, la intolerancia hacia las culturas diferentes y el reconocimiento inconsciente de las propias incapacidades, siempre existió en la Argentina. Solamente, que cuando les sucedía a los europeos, zafaban un poco mejor debido a que eran “gringos”. Pero es un estigma que no hemos solucionado, ya que es acicateado y aprovechado por sectores partidistas para fomentar la división de nuestros pueblos. Muchos argentinos han sufrido en carne propia la discriminación por su calidad de inmigrante, como sucede en España, por ejemplo, cuando han emigrado, como lo hicieron ellos mucho antes, buscando un mejor porvenir.

La mafia legalizada del cartel rentístico-financiero, que está presente en todos lados, que hace que un departamento de las mismas características valga igual en San Juan que en Buenos Aires, es el que hace que en una villa de esa ciudad una habitación se alquile a $600 pesos. Mafia que está enquistada en sectores del estado y el gobierno, que imposibilitan medidas sociales o populares, dedicando recursos y energías al desarrollo de emprendimientos privados, sin importar las consecuencias ecológicas y sociales que acarrean, la pérdida de terreno cultivable, etc.

Como para sincerar un poco el tema, cada día, miles de jóvenes que egresan año a año de las universidades de la Argentina, desconocen como podrán hacer para desarrollar sus vidas en una vivienda propia, en un contexto que hace que el acceso a la misma sea prohibitivo para muchos de ellos.

Es el conocimiento de los factores económico-políticos que generan la exclusión y la pobreza de vastos sectores de la población, además de la puesta en práctica de estrategias concretas desde los distintos territorios sociales y el acompañamiento y profundización de las medidas que se llevan en ese camino, lo que permitirá revertir este proceso de injusticia social, que en nuestras tierras lleva ya más de 500 años.

Es el desarrollo de las fuerzas productivas y no del capital especulativo-rentístico lo que brindará desarrollo con dignidad y trabajo para todos. Es la concepción humanista, cuyas bases son el humanismo cristiano o el humanismo positivista (la postura que tengas), que derivará en la justicia social, la que hará que ese trabajo sea justo tanto para el propietario del capital como para el que ayuda a generar la riqueza de aquél. Un sistema que valorice el trabajo, no el ocio rentístico, un sistema humano.

Diego M. Flores Burgos

San Juan se parece a Buenos Aires o Cacería de Pobres en la Capital

 

Pensaba como titular esta nota… y cuando empecé a darme cuenta las similitudes entre dos proyectos políticos, aparentemente diferentes, pero no tanto esencialmente, decidí el nombre que tiene.

El gobierno de la Municipalidad de la ciudad de San Juan, dirigido por Marcelo Lima, está realizando una gestión que poco tiene que ver con las políticas de inclusión social, trabajo, producción y protección social clásicas del peronismo, dentro del proyecto nacional y popular.

El hecho de jactarse de erradicar a los cuidacoches en una publicidad oficial, me indignó de sobremanera. Es una más de un conjunto de medidas poco populares que tomó la administración, como eliminar a los vendedores de choripanes y panchos, a los vendedores ambulantes, a los artesanos de la plaza 25 de Mayo, de sacar radiar las motos estacionadas en la vereda en el centro. También ahora, la actitud de ponerse en actitud de padre de la ciudadanía, prohibiendo la venta de cigarrillos sueltos…

Procedamos a un análisis de estas políticas públicas.

La primer medida destinada a la exclusión social de la Intendencia, fue la erradicación de la venta de comida ambulante en sectores concurridos del ejido capitalino, como lo sucedido con los trabajadores de los carros ubicados en la Ruta 40 y circunvalación norte, Concepción. Después de años de trabajar, de generar un polo de consumo en esa zona de la capital, elegida por muchos sanjuaninos, estos trabajadores fueron expulsados de la vista de la mayoría de los transeúntes de la zona. Y esto es claro, porque el nuevo destino de estas personas fue 300 metros al norte, por ruta 40 pasando calle Corrientes ¡todavía en jurisdicción de Capital!

Últimamente hubo una nueva embestida contra los trabajadores ambulantes de comida. La nueva persecución hacia los vendedores ambulantes de comida en las inmediaciones del parque ¿Las razones? Ninguna fundamentada. Para estar allí los vendedores de choris, panchos y otros debían tener el correspondiente permiso de salubridad. Lo tenían ¿La razón entonces? La “imagen de la ciudad”, ensuciada por el humo y fundamentalmente por esa gente haciendo negocios en el espacio público.

Ahora se los envía a vender a lugares poco transitados, oscuros y alejados del movimiento peatonal. Más sincero sería haberles negado directamente la venta. Sus quejas no son oídas, la decisión está tomada. Estas personas que trabajan al día ¿qué van a hacer?

La siguiente medida tendiente a eliminar cualquier imagen que haga referencia a la pobreza en la Capital fue la de la eliminación de los vendedores ambulantes del centro. Personas como cualquiera, cuya única fuente de sustento es la venta al día. Para la administración municipal, estas personas mostraban una pésima imagen para el foráneo que visita nuestras tierras. Por eso no tuvieron lugar en la actual gestión de gobierno.

Siguieron en la lista de caza de brujas los vendedores de artesanías de la plaza 25 de Mayo. Estas personas que realizaban tareas manuales artesanales para la venta y subsistencia diaria, también daban “mala imagen”. Parece que en Londres o París no hay artesanos, no hay personas que hacen arte de lo simple, al alcance de todos, encontrando la belleza en la habilidad personal y en la creatividad.

Pero la persecución a la “mala imagen de la ciudad” no se detuvo ahí. La triste historia sigue con el final de los cuidachoches, hazaña de la actual gestión municipal de gobierno que ahora, mediante la publicidad en los principales matutinos de la provincia, se jacta haber erradicado a los lava y cuida coches, con el slogan de que por años los vecinos pidieron soluciones, y ahora el gobierno municipal las realiza.

Es cierto que en algunos lugares habían cuida y lavacoches que cometían abusos. Pero un gobierno peronista, cuya base es la inclusión social, no debía anteponer el lucro, el negocio, ante la solución de un grave problema social que se manifiesta en la labor de estas personas. Puesto que si alguien debe pasar el invierno y el verano, el frío y el calor extremos en la intemperie, arruinando sus manos y huesos, no debe ser por placer, sino por necesidad. Y donde hay una necesidad, existe un derecho. Es este recurso cotidiano lo que le brinda el sustento para él y su familia. Así que a la pregunta ¿y que va a pasar con los cuidacoches? 

La respuesta oficial es un gran silencio…

Antes de preocuparse por la situación socio-laboral de estos trabajadores, se propuso dar cabida al lucro con políticas tendientes a mejorar la imagen del gobierno municipal. La alternativa hubiese sido incorporar a los lavacoches a la nueva empresa de estacionamiento ordenado. Pero no.

Y a quien no le guste, mala suerte, será increpado por un inspector contratado y reprimido por la fuerza pública. Como suele verse en la Ciudad de Buenos Aires en las protestas sociales.

Otra medida antipopular es la radicación de las motos estacionadas en las veredas en el centro de la ciudad. Claro que es más bonito ver las veredas libres. Pero… y los trabajadores que utilizan este económico medio de transporte diariamente… ¿podrán pagar los $3 diarios de una guardería ($3 mañana y tarde)?

La última medida, digna de un pater familias, es la de prohibir la venta de cigarrillos sueltos en todo el municipio. Se argumenta, que los niños y los jóvenes, escasos de recursos, no podrán comprarlos… Dos reflexiones: Ahora hay que comprar el paquete completo, beneficiando a las tabacaleras!! y si sos pobre, no comprarás.

Como vemos, los principales perjudicados de estas políticas públicas son la clase trabajadora y los más pobres. Yendo hacia el darwinismo social.

Lo que la administración tiene para ofrecernos, son las típicas medidas novedosas, creativas y caras que tienen como objetivo llamar la atención y distraer al ciudadano de los problemas estructurales de su comunidad.

Así vienen el techado de la peatonal, el nuevo sistema automático de recolección de residuos (solo para una parte de la comunidad) y otras sorpresas que seguirán apareciendo, cual espejos de colores para cambiar por oro.

De manera que, como podemos ver, no hay muchas diferencias con el gobierno que Mauricio Macri está llevando a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, donde estas medidas tienen lógica (ideológica).

Diego M. Flores Burgos